La Sala Segunda de la Cámara del Trabajo cordobesa ordenó a la multinacional frenar la construcción de su planta de Malvinas Argentinas hasta tanto se complete el estudio de impacto ambiental. De esta manera, los magistrados hicieron lugar al recurso interpuesto por ambientalistas y vecinos de esa localidad y desestimó la autorización de la municipalidad local.
«Tenemos el dictamen de la sentencia, por el que la Cámara ha resuelto suspender los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil, por ende la obra de Monsanto debe ser paralizada», celebró Gastón Mazzalay, de la organización Malvinas Lucha por la Vida.
Desde el 18 de septiembre pasado la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y vecinos autoconvocados realizaban un acampe que bloqueó el paso de camiones con materiales para construir la secadora de semillas de maíz más grande del mundo. Desde 2012, los asambleistas piden tanto al intendente Daniel Arzani (UCR) como el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) que los vecinos pueden decidir la instalación de la planta mediante un plesbicito, pero los mandatarios rechazan la iniciativa.
En abril, como se publicó en este diario, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación.
En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.
En noviembre, cuando se cumplían dos meses de bloqueo a la planta, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionaron, en comunicados separados, que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas.
La planta que construye Monsanto es similar a la de Rojas (Buenos Aires) y se construye en un predio de 27 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial A-188, a unos 14 kilómetros de la capital cordobesa.
Tras conocerse el fallo, la compañía confirmó que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia y aseguró que «no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas».
Además, en el comunicado, la multinaciona indicó que el estudio de impacto ambiental «está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia».
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Cristina Fernández de Kirchner mantuvo encuentros de trabajo en la Residencia Presidencial con el titular de YPF, el ministro de Economía y el secretario de la Anses.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió esta mañana con el CEO de la petrolera YPF, Miguel Galuccio; con el ministro de Economía, Axel Kicillof; y con el titular de la Anses, Diego Bossio.
Los encuentros se desarrollaron en la Residencia de Olivos, según se informó oficialmente en la página web de la Presidencia de la Nación, aunque no se especificó el temario abordado en las audiencias.
La Presidenta regresó ayer a la Casa de Gobierno tras haberse ido a Santa Cruz a pasar las fiestas. Apenas llegó a su despacho, minutos antes de las 19, la jefa de Estado se reunió con el jefe de Gabinete, encuentro al que se sumó el ministro de Economía, poco después. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también estuvo en la Rosada con la jefa de Estado.
La vida religiosa de la cantante será repasada en una exhibición curada con la ayuda de su hermano
Un halo de misterio aún rodea la repentina muerte de Amy Winehouse. Sin embargo, la fatalidad hace que la mejor opción ante lo irreparable de los hechos sea el recuerdo constante. Por eso, una nueva exhibición sobre la vida privada de la cantante será desplegada en el Museo Judío de Londres. Amy Winehouse: A Family Portrait fue creada en colaboración con el hermano de Amy, Alex, que espera que esta muestra ponga en evidencia un contado nunca visto de la compositora de «Rehab», su costado religioso.
La curadora de la exhibición, Liz Selby, comentó que el árbol genealógico de los Winehouse será revelado a través de objetos íntimos de Amy que, obviamente, estarán cargados de sus creencias culturales. «Amy dijo que su judaísmo estaba relacionado con su familia y creo que eso queda muy en claro en la muestra», dijo. «Ella era una judía más cultural pero junto a su familia participaban de ceremonias religiosas. Intentaremos mostrarla en todos sus aspectos, como una persona hecha y derecha, una persona con sus falencias pero también con grandes características».
A poco de cumplirse el segundo aniversario de su muerte (el 23 de julio), su hermano puso en duda que la verdadera causa del deceso haya sido su regreso al alcohol después de un período de abstinencia sino más bien su grave y larga sumisión ante la bulimia, enfermedad que generó un profundo deterioro de su cuerpo.
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La presidenta Cristina Fernández detalló anoche, a través de varios tuits, el rechazo de los mandatarios de la región ante el incidente con el avión presidencial de Bolivia en Europa. «Calma, no van a poder», aseguró la Presidenta.
INFOnews
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó la situación vivida por Evo Morales como «humillante» y, tras confirmar que ya dialogó con su par boliviano, adelantó que el presidente peruano Ollanta Humala convocará a una reunión urgente de Unasur y aseguró: «Calma, no van a poder».
Cristina lo expresó esta madrugada a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que confirmó -cerca de las 0.30- que todos los presidentes de la región se encuentran alerta respecto a la situación que atraviesa Evo Morales, quien permanecía “varado en Viena” luego de que Portugal y Francia negaran autorización para que el avión que lo traía de regreso desde Moscú surcara sus espacios aéreos.
El presidente peruano Ollanta Humala convocará a una reunión urgente de Unasur
Cristina brindó un pormenorizado detalle de lo sucedido en las últimas horas, a partir de tomar conocimiento del caso por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, y en ese sentido explicó que «varios países le revocaron el permiso de vuelo y está en Viena».
«Definitivamente están todos locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad total. No puede ser este grado de impunidad», reafirmó la jefa de Estado.
El docente e investigador de la Universidad Gral. Sarmiento, Raúl Fernández Wagner es un especialista en temas urbanos. La Paco Urondo charló con él sobre la problemática de acceso al suelo, que en estos días ha tenido dos nuevos capítulos, en Jujuy y Tucumán. En esta primera parte, el experto analiza las recientes tomas, describe a las familias que ocupan terrenos y propone el concepto de «justicia espacial».
Agencia Paco Urondo: Hablábamos antes de la entrevista, y vos decías que hay que incluir un nuevo concepto para pensar la problemática de acceso a la tierra. Decías que en algún momento se pensó el de justicia social, en los años 40, 50, ahora habría que trabajar el de Justicia espacial. ¿Cómo es eso?
Raúl Fernández Wagner: Este problema es mundial. Hay un problema, sobre todo la especulación financiera a nivel global -lo que hoy de alguna manera está en crisis- ha generado y generó grandes demandas de suelo por la actividad económica, por burbujas inmobiliarias, lo que fuera, que ha generado una escasez en todos lados de suelo importante, también por un aumento demográfico importante. La población del mundo se ha duplicado en los últimos 50 años y el suelo es el mismo para todos. Hay una razón también demográfica para eso. Bueno, y eso lo que provoca es que el suelo aumente todo el tiempo. Entonces, las penurias de la población en el acceso al suelo se han acrecentado en todo el mundo. Se vive más en asentamientos informales, en cuartos alquilados, hacinados, distintas formas. Eso es generalizado. Y aparte, lo que es generalizado también es el aumento de los conflictos en torno a eso. Hay ciudades que son famosas por sus asentamientos informales: las favelas de Río o muchas ciudades de ese tipo. Entonces, ya hoy en día eso es complejo y hay que afrontarlo con política pública con mayores instrumentos y con mucha voluntad política y con mucha negociación también con estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy se discute mucho técnicamente en nuestro campo la urbanización de villas y es complejísimo como proceso. Por eso siempre es mucho mejor que el Estado planifique y produzca suelo y produzca la ciudad de cero y no tenga que ir después a arreglar la ciudad que el sector informal construyó, que siempre hay que destruir la mitad para volver a hacer. Y es un gran problema. No se respetan medidas, ventilaciones y todo lo demás.
APU: En ese marco se produce una ciudad expulsiva…
RFW: Ahí estamos hablando que estos procesos de incremento de los valores y de los conflictos en el acceso al suelo han llevado a que hoy todo el análisis de los urbanistas, en general, se concentre en cómo se profundiza la desigualdad en las ciudades. Y nosotros hablamos de una desigualdad espacial. Y Buenos Aires es un ejemplo clarísimo de eso. ¿Quién puede explicar que Buenos Aires, siendo el territorio más rico de todo el país, teniendo el presupuesto más alto, tiene un fenómeno que es único: su población no crece? Buenos Aires tiene los mismos 3 millones hace 60 años. En el censo del 47 ya había 3 millones. La población no crece y si miramos, por ejemplo, los últimos 20 años no ha crecido nada y sin embargo el problema de la vivienda se ha vuelto más y más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Supuestamente poco o mucho, algo se construye, pero la población es la misma. En la etapa macrista se construyó poco, pero antes se habían construido más viviendas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el espacio se distribuye de manera más injusta. O sea, hay alzas de valores que desplazan poblaciones o impiden que ciertas poblaciones puedan vivir en ciertas áreas y tienen que ir a vivir en otras áreas, tienen que ir a ocupar tierras para vivir porque no pueden alquilar un departamento. Es muy sencillo. Hoy en día el 40 % de Buenos Aires, a valores de fin del año pasado, gana menos de 4.000 pesos. No puede comprar nada. Un matrimonio joven, una pareja, no pueden resolver el tema de la vivienda. Y eso; por otro lado, el mercado informal, un cuarto en alguna de las villas importantes de Buenos Aires vale de 1.200 a 1.500 pesos. ¿Cuánto hay que ganar para pagar eso en estos hogares? Y el cuarto es un cuarto en el segundo, tercer, cuarto nivel de una villa que se están densificando para arriba, con baño compartido. O sea, pésima calidad. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, lo que pasa es estas relaciones de mercado, estos valores, esta relación valores del suelo – ingreso de la población, o salarios, ingresos monetarios, etc. Digamos, ¿qué puede comprar como espacio para vivir la gente? Bueno, desplaza. Desplaza gente. Hay unos pocos que tienen muchos departamentos, departamentos grandes o departamentos vacíos. En Buenos Aires hay casi 500.000 personas, se estima el déficit bruto de vivienda. Eso sería unos 120, 130.000 hogares y se sabe que hay, por lo menos, 120.000 departamentos vacíos. Entonces, estamos hablando de una distribución mucho más injusta del espacio construido. Nada más. Con la misma población, incluso agregándose un boom de construcción muy grande en Buenos Aires en este momento. O sea, agregando más vivienda igual crece la penuria. Entonces, ahí estamos hablando de este concepto nuevo que estamos usando, que ya no sólo tenemos que luchar -digamos, los sectores progresistas, los que nos gustaría una ciudad más justa, una sociedad más justa, más igualitaria o resolver los grandes problemas-, no sólo tenemos que hablar de justicia social, sino hoy que tenemos que hablar también de justicia espacial por esta razón.
APU: A partir de lo que viene ocurriendo en Jujuy, en Tucumán, ¿cuál es el perfil de quiénes son los que demandan suelo, quiénes son los que se organizan para tomar un terreno, quiénes son esas poblaciones que se están organizando para demandar acceso al suelo?
RFW: Yo te diría que hay dos procesos de estos demandantes. Un proceso que se suele dar en lugares, en barrios más periféricos o en tierras no tan importantes -no adentro de las villas generalmente-, que son familias que se organizan. Tradicionalmente la villa se iba formando por adición. Iba llegando alguien, bueno, ponete acá, construís algo, mientras había tierra. Cuando se densificó, por ahí se fueron para arriba, pero era por un proceso de llegada a la villa. Eso es para nosotros mercado. Es mercado informal, todo el mundo te cobra por eso. Los asentamientos informales, los asentamiento del conurbano, en general son grandes tomas de tierras generalmente organizadas. Casi siempre se hacían el día de una fecha patria o un feriado o algo así. En el pasado era así. Ahora, yo creo que es tan importante esa demanda social y es tan importante, tanta la presión social y la gente que le cuesta pagar bastante dinero por eso, que lo que han aparecido son, digamos, desarrolladores inmobiliarios informales. Mucho. Y entonces ahí ya la cosa empieza a tomar otro sentido, otro rumbo, digamos. Por ejemplo, en estos momentos…cuando ocurrió lo del Indoamericano a todo el mundo sorprendió. A nosotros no nos sorprendió porque un año antes había una toma más grande que el Indoamericano ahí nomás, cerca, del otro lado del Riachuelo, en Lomas de Zamora, 15.000 personas. Estaban ocurriendo otras tomas en el conurbano totalmente invisibilizadas por la prensa en general. Hay toda una franja en el partido de Moreno que están tomando poblaciones. Y ahí sí te aparecen entonces unos tipos que te venden lotes a la gente. O sea, aparece una especie de loteador pirata, como le llaman en Brasil, ¿no? Y entonces, lo que vimos en la densificación de varias villas…
APU: Entonces, tenemos como dato nuevo, la emergencia de loteadores informales
RFW: Aparecen unos tipos que están ya definitivamente -generalmente son los que llegaron primero a un lugar, etc-, que son los que generan, los que empiezan a regentear el negocio. Entonces, digo, gran parte de esas villas que vos ves que empiezan a crecer dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, todo eso es para alquiler. El Indomaericano -y el “Pitu” Salvatierra lo dice- fue un hito porque fue, como nosotros lo llamamos, el grito de los inquilinos de las villas. Ya no daban más y cuando vos escuchás los relatos como los del “Pitu” Salvatierra está clarísimo. Se iban acumulando personas en las cosas y entonces saltaron porque no pueden más por los valores de los alquileres. Y, por ejemplo, a mí me tocó ver un caso en Ciudad Oculta. Toda una toma nueva y cuando uno miraba la toma se habían construido todos cuartos. Pero esos cuartos uno los miraba bien y tenían unas estructuras -que yo creo bien hechas, porque eran gente de la construcción que sabe hacer- con dimensionamiento del hormigón y los hierros como para cuatro o cinco pisos. Que no se van a caer, porque es gente que sabe construir. Son muchos obreros de la construcción. Hay entonces una cantidad de procesos que están pasando que ya son definitivamente especulación en el mercado informal. Digamos, si vos querés podés decir guerra de pobres contra pobres, explotación de pobres contra pobres, distintas cosas. Pero ocurre.
APU: Vos, junto a una serie de urbanistas, especialistas, están dialogando con diputados y senadores nacionales para legislar sobre nuevos instrumentos legales en la temática. ¿Cómo es eso?
RFW: En el Senado, en Habitar Argentina, no. Están las fuerzas que suelen ser sensibles al problema porque en sus distritos suelen tener un problema relativamente serio.
APU: ¿Qué fuerzas son?
RFW: Están los Senadores fueguinos, por caso.
APU: Ah, no por fuerza política, sino más por lugar.
RFW: Sí. Pero bueno, son fuerzas políticas que están ahora con Sabattella, digamos. Hay Senadores del Frente para la Victoria. Está Filmus, Calcagno. Otros como Cabanchik también está, que venía del ARI anteriormente. En Diputados hay algunos Diputados con historia en el tema, pero estaba Macaluse, por ejemplo, que está terminando su mandato ahora. Lubertino, que venía también…Bue, venían también algunos Legisladores de ciudad que se han plegado al tema. Es decir, en general…Y habían algunos otros más satélite, qué sé yo. Bueno, también había un radical. Martínez, de Santa Cruz, que es radical. Es decir, realmente son legisladores que tenían preocupación con el tema, que lo comprenden un poco más porque han tenido o algún proyecto de ley o alguna relación con eso.
APU: Y en algún momento cuando uno de los tantos conflictos que se dieron en torno a los alquileres, se planteó una ley…
RFW: Un proyecto de ley de alquileres. Era una Senadora riojana la que lo planteó. Cuando lo planteó la Senadora, que no tuvo mucha difusión, Infobae sacó tres tapas seguidas con ese tema. Eso fue hace como dos años atrás. Eso marca el grado de resistencia que puede tener eso. Y esa ley no era mala. Tenía un tema un poco complicado. Ponía un valor de los alquileres como un valor fiscal, con lo cual ha habido experiencias en la historia argentina de congelamiento de alquileres, incluso en la época de Perón. Se generó un mercado negro justamente por un congelamiento de alquileres. O sea, que son figuras que a veces son complejas, pero en el fondo lo que hacía era que el Estado tocara el libre mercado, cuando hoy tenés una crisis severísima de alquileres. Está demandando, pidiendo a gritos una regulación el mercado de alquileres. Pero que es complejo. Bueno, en la época de Perón también se puso una condena a la vivienda vacía. Porque bueno, en la época de Perón se reformó la Constitución y se colocó la función social de la propiedad, que después se desarmó. Hoy hay distintas interpretaciones.
APU: La siguiente pregunta tiene que ver con el rol de los jueces, que no suele ser abordado para pensar estos temas. En general los jueces suelen optar entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, por el derecho a la propiedad, mandan a desalojar y se acabó.
RFW: Prevalece el de la propiedad. Todos tenemos individualizados dos jueces que sólo pueden hacer que el Estado les dé respuesta…El juez no puede parar un desalojo por los procedimientos, pero puede hacer que el Estado antes les dé respuesta a esas familias, demostrando que esas familias quedan realmente en la calle. Entonces, por abandono de personas y otras figuras obligan a que suspendan por un tiempo hasta que se les dé respuesta. Es lo único que pueden hacer.
APU Hay algunos jueces que han actuado así.
RFW: Algunos están actuando así, sí. Ahora en Habitar Argentina tomamos el tema del desalojo. Lo que estamos haciendo no es una ley que suspenda los desalojos, por ejemplo, como se ha hecho en algún momento de la historia -en Río Negro estaban proponiendo una ley para suspender los desalojos-, sino lo que se está haciendo es mejorar los procedimientos. O sea, el desalojo se va a ejecutar de todos modos, pero lo que va a haber es un proceso que no va a aleccionar a la familia. Eso es lo que se está trabajando en Habitar Argentina hoy. Es decir, mejorar los procedimientos. Con lo cual es un tema tal vez más simple, más realista en términos de poderlo ejecutar que otras formas. No generaría tanto conflicto. (Agencia Paco Urondo, por Enrique de la Calle)
Qué es lo que está en juego en estos días argentinos siempre tan intensos y convulsionados en los que los legos nos movemos con absoluta incomodidad y, bajo la perspectiva contraria, hasta cierta regocijada impunidad por la selva del lenguaje jurídico? ¿De qué manera intentar analizar las diferencias y tensiones que existen, como resulta muchas veces inevitable, entre los tres poderes de la república tratando de comprender, al mismo tiempo, qué intereses están moviéndose por debajo y por detrás de los principales actores? ¿Qué le ocurre a la política cuando queda atrapada en la telaraña tribunalicia y se vuelve deudora de un lenguaje de especialistas? ¿De qué modo recordar que la democracia habita en la incompletud y desconfía de los paradigmas absolutos sin por ello hacer el elogio de la discrecionalidad? Preguntas que surgen allí donde lo que se percibe es la gravedad de una disidencia que no todos alcanzan a descifrar pero que intuyen que tiene relación directa con el poder y con su ejercicio pleno o limitado. Algo demasiado importante está en disputa en nuestro país y va más allá de tal o cual grupo mediático que se niega a cumplir una ley votada mayoritariamente por senadores y diputados hace ya largos tres años. Una cierta idea de soberanía democrática es la que, en el fondo, está en discusión.
Las querellas entre los poderes de la república siempre ponen de manifiesto la trama conflictiva de la vida democrática y, sobre todo, evidencian que existen otros poderes que persisten en su afán por mantener sus privilegios. A la Justicia le ha costado muchísimo, y pocas veces lo ha logrado, autonomizarse efectivamente de esos poderes económico-ideológicos. Pocas veces, también, el poder político logró sustraerse a esas determinaciones. Hoy, y desde hace unos años, nos encontramos ante el retorno de ese litigio allí donde un poder nacido de la legitimación del voto popular ha decidido no aceptar las demandas, las imposiciones y los chantajes de los poderes corporativos. No hay mayor escándalo, para democracias condicionadas y vueltas escuálidas por la horadación sistemática a las que fueron sometidas durante demasiado tiempo, que un gobierno ejerciendo en plenitud la soberanía que emana de las urnas y revitalizando esa misma vida democrática tan dañada a lo largo de las últimas décadas allí donde fue convertida, por la acción de las grandes corporaciones, en un pellejo vacío. Por qué no decir que lo que viene disputándose es, precisamente, la ampliación de los derechos y de la matriz igualitarista que se enfrentan a aquellos sectores que buscan mantener privilegios y hegemonías económicas y jurídicas.
Para plantearlo desde otro costado posible: ¿acaso lo que se juega en esta pulseada judicial tiene relación directa con el ejercicio pleno de la soberanía popular democrática? ¿Se intenta dirigir al país hacia una democracia condicionada y eternamente vacilante incapaz de imponer sus decisiones a los grandes grupos económicos? ¿Qué significa y cuáles deberían ser los alcances genuinos de la independencia de la Justicia? ¿Le cabe sólo, como se dijo en un documento sin firmas individuales pero sí con firmas institucionales y con el aval de algunos jueces supremos, mantenerse fuera de los intentos de sujeción del poder ejecutivo o, por el contrario, y como lo han dicho decenas de jueces, fiscales, rectores, decanos y profesores de distintas universidades nacionales, la independencia debe constituirse en relación a todos los poderes incluyendo a las corporaciones económicas y mediáticas y a los propios jueces de las instancias superiores? ¿Permanecen ajenos a los conflictos y contradicciones que se despliegan en la sociedad aquellos que tienen como misión impartir justicia tratando de que los afectos, los prejuicios, los intereses y las ideas propias no interfieran en ese gesto que debería ser neutral? Soy consciente de que algunas de estas preguntas no tienen una sola respuesta o que, incluso, su mera formulación moviliza un agudo debate cuya resolución queda siempre diferida.
Discutir la Justicia supone internarse, en ocasiones, por un territorio minado cuyas cargas explosivas pueden venir de diferentes posiciones. Lo cierto es que existe, al menos, un consenso que fija la idea de la necesidad imprescindible de una Justicia independiente pero, e inmediatamente surgen los litigios interpretativos, lo que no queda claro o sus límites permanecen borrosos es cuáles son los alcances de esa independencia que tanto se reclama en el interior de una sociedad en la que existen tantos intereses enfrentados, tantas desigualdades y tantas formas de uso discrecional del poder que, por lo general, suelen ir en detrimento de los más débiles y de las mayorías populares. El aparato judicial no ha dejado de ser cómplice, a lo largo de nuestra historia, de esos poderes. ¿Sería pecar de ingenuo o iluso si pensara que desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno se dieron grandes pasos para reparar el brutal daño que las políticas dictatoriales y luego neoliberales produjeron también en la estructura judicial? ¿Acaso esta Corte que tanto le debe a esa decisión histórica de reconstruirla bajo verdaderos principios republicanos está dispuesta a olvidar su antigua deslegitimación arrogándose como mérito propio lo que se debió a una extraordinaria visión política? Prefiero seguir pecando de ingenuo e imaginar que la mayor parte de los miembros de la Corte Suprema estarán a la altura de las circunstancias y eso más allá de ambiciones personales o presiones corporativas. Los jueces, en especial los que ocupan los más altos cargos, no deben quedar al margen de los dilemas de la época ni esconderse detrás de una supuesta neutralidad valorativa que desconozca la densidad política e histórica de lo que está en juego. Sus fallos, con independencia de sus aciertos o errores, constituyen un dato absolutamente relevante de la realidad y son portadores de consecuencias graves.
Preguntas, todas, que recorren la médula de la vida democrática y que llevan implícitas diferencias interpretativas de muy difícil resolución, en especial cuando de lo que se trata es, ni más ni menos, que de garantizar las condiciones de igualdad jurídica en un espacio social atravesado por diversas desigualdades amplificadas, en nuestro país, por la facilidad con la que los grandes grupos económicos han logrado influir y determinar a amplios sectores del poder judicial. El mito de la absoluta independencia del poder judicial termina por ocultar sus condicionamientos y sus profundas debilidades a la hora de poner en su lugar a los dueños del capital. Sigue habiendo, entre nosotros, una Justicia de clase que no suele ser reconocida por los jueces allí donde más deudores son de sus determinaciones. El fallo a favor de mantener la cautelar presentada por el Grupo Clarín va claramente en esa dirección. La Corte, aunque no lo pueda o quiera decir, lo sabe.
Con los jueces parece suceder lo mismo que, o así nos lo presentan ciertos medios de comunicación, con ciertos debates teológicos medievales que se interrogaban por el sexo de los ángeles: jueces y ángeles pertenecen a otro reino muy distinto al animal, sus andanzas por la vida no pueden medirse con los instrumentos profanos y plebeyos con los que se intenta comprender, por ejemplo, las acciones y las conductas de los seres humanos comunes y corrientes. Ellos, así nos lo dice cierta ideología preocupada por sostener la virtuosidad de los magistrados alejándolos de todo mal y de toda tentación, deben permanecer impolutos y entregarse, de cuerpo y alma, a impartir justicia desde la pureza de la imparcialidad nacida de su condición virginal. Ángeles y jueces transitan por un andarivel exclusivo que los mantiene al margen de tanta mezquindad profana. Salvo cuando algunos de ellos se atreven a salir de esa caja de cristal que mantiene un clima de perfecta pureza y se dedican a impartir un tipo de justicia que pone en cuestión el poder de las corporaciones o busca encontrar una cierta correspondencia entre la idea de igualdad y su aplicación efectiva en una vida social atravesada por la impunidad de los acaparadores de la mayor parte de la riqueza material y simbólica. Cuando eso sucede dejan inmediatamente de responder al paradigma de la virtud y se convierten, de la noche a la mañana, en esclavos de la demagogia o del populismo. Sólo si la Justicia y sus jueces defienden el sacrosanto principio de propiedad privada, y si lo hacen sin dudarlo, merecerán seguir permaneciendo en el reino de los justos y de las criaturas angelicales. Cuando cruzan de vereda o cuando recuerdan que impartir justicia es también intentar comprender la violencia de la desigualdad y de la impunidad de los poderosos, se transforman en jueces venales. Las exageraciones de estas reflexiones, estimado lector, sirven para evidenciar lo que efectivamente suele suceder: el reclamo de independencia del poder judicial de parte de los grupos corporativos es siempre proporcional a la continuidad de sus privilegios refrendados por esa misma Justicia que se vuelve cómplice de esos poderes.
Grave es el momento en el que la política queda capturada, como ya se señalaba, en las telarañas del lenguaje jurídico y cuando la propia idea y práctica de la democracia no puede eludir quedar atrapada en la palabra indescifrable del experto. De la misma manera en que también es grave que no exista una Justicia capaz de actuar con autonomía de los poderes fácticos (sean los públicos y/o los de la esfera privada). Para algunos (siempre interesados en colocarse en el lugar del republicanismo) esa independencia debe de ser exclusivamente en relación a los otros poderes estatales y silencian, por conveniencia, la que también es indispensable en relación a las fuentes de imposición económica, mediática o incluso en el seno de la propia estructura judicial. El concepto de independencia es una exigencia central en el interior de una sociedad que sabe que siempre se encuentra en posición de ser vulnerado y cuya consistencia y continuidad conoce de la fragilidad permanente que emana de una realidad política, económica, social, cultural e ideológica fuertemente signada por lo irresuelto. Pero la reclamada independencia de la Justicia no debe servir para alejar a los jueces del escrutinio de la ciudadanía blindándolos de todo contacto con demandas y exigencias a las que también deben estar dispuestos a someterse. No hay genuina vida democrática allí donde persisten el secreto, la distancia y los privilegios.
No deja de ser un momento excepcional el que le permite a la sociedad develar lo que permanecía velado. Así como con la ley de medios se abrió un debate inédito y enriquecedor que impide regresar a las épocas en las que el universo periodístico y comunicacional permanecía intocado e impermeable a cualquier crítica, hoy, a la luz de lo que viene sucediendo con el accionar de ciertos ámbitos de la Justicia, también se habilita un gran debate capaz de abordar lo que no podía ser abordado desmitificando esa aura de autarquía y pureza de un universo estatal por el que también ha pasado el vendaval de las contaminaciones. Los jueces también deben ser auscultados y sus fallos pueden y deben ser discutidos allí donde se apartan de los intereses de la ciudadanía. Su legitimidad, que no es la que nace, como los otros poderes de la república, del voto popular, debe mostrarse a través de sus fallos y de la transparencia de sus acciones que le den un impulso virtuoso a una palabra siempre en riesgo de ser envilecida: la independencia.
Abogado, peronista, racinguista, Derecho Ambiental, Política, Lectura, Música, Cine, Juan Perón, Nicolás Casullo, Norberto Galasso, Ricardo Forster, Arturo Jauretche y varios más (seguro me olvido de algo...)
HIJOS DE OCTUBRE 